La buena digitalización no sucede sola: requiere buenas decisiones humanas

Una de las vías más poderosas para que América Latina y el Caribe (ALC) den un salto hacia el futuro es la transformación digital. Sin embargo, es importante comprender que “transformación” es realmente la palabra clave. No se trata solamente de comprar software o digitalizar procesos. Más bien, la transformación digital implica un cambio profundo en la forma de hacer negocios, acceder a los servicios, interactuar con los ciudadanos, y gobernar.

La oportunidad es enorme. Según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), si para el 2030 ALC puede cerrar la brecha de digitalización con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el PIB de la región crecería unos tres puntos porcentuales más al año. Esto generaría más de 700.000 millones de dólares de crecimiento de actividad económica y alrededor de 400.000 nuevos puestos de trabajo anuales en la región. Solo conectar 11 millones de hogares en ALC a Internet generaría alrededor de 400.000 puestos de trabajo, según algunos estudios.

La transformación digital no solo provoca crecimiento económico, sino, también, cambios rápidos y muy profundos en todos los sectores, todos los niveles de la administración pública, y todos los segmentos de la sociedad.

Digitalización y servicios públicos en América Latina y el Caribe

Entre esos cambios estructurales que la transformación digital conlleva está el acceso a servicios públicos de calidad. Por poner un ejemplo, una mayor conectividad y disponibilidad de servicios ‘en línea’ implicaría que vivir lejos de un centro urbano ya no significara tener un menor acceso a los servicios públicos. Del mismo modo, el acceso a bienes y servicios permite ahorrar tiempo y dinero a los usuarios. Las herramientas digitales también pueden dar a los ciudadanos una mayor voz y participación en los procesos sociales, políticos, y de influencia y toma de decisiones.

En realidad, el impacto de la digitalización en las administraciones públicas es similar al que tiene en la empresa privada. En el sector privado, la digitalización promueve la innovación y una mayor productividad del capital y la mano de obra, lo que a su vez se traduce en una mayor competitividad. En la Administración, el uso de tecnologías digitales tiene el potencial de hacer al Estado más efectivo, eficiente, inclusivo y transparente. Un ejemplo de ello es la experiencia del Reino Unido, donde un procedimiento ‘en línea’ puede costar hasta 50 veces menos que uno presencial, lo que ha supuesto en los seis últimos años un ahorro de 1.700 millones de dólares. Otro caso es el del Gobierno de São Paulo, en Brasil, que está ahorrando 219 millones de dólares al año por medio de la gestión ‘en línea’ del impuesto de propiedad de los vehículos a motor.

Así pues, la transformación digital tiene el potencial de desencadenar un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los ciudadanos al acelerar el avance de un desarrollo más inclusivo, transparente y eficiente en una región donde la desigualdad, la corrupción y la ineficiencia burocrática son desafíos muy prevalentes.

La gran cuestión, sin embargo, es que la digitalización no tiene vida propia. Al contrario, depende de las decisiones humanas. Para aprovechar su potencial y garantizar que es un catalizador de crecimiento económico de calidad, hay que integrarla de manera consciente con los objetivos de reducción de la desigualdad, promoción de la transparencia, y aumento de la eficiencia.

Eso ha quedado de manifiesto en el contexto de la actual crisis de salud pública desencadenada por el COVID-19. Es una crisis que ha acelerado la transformación digital, pero que ha dejado de manifiesto que ésta no ocurre de la noche a la mañana.

Cómo países en la región con mayor nivel de digitalización enfrentaron la crisis del COVID-19

Con los confinamientos y la distancia social, las tecnologías digitales y los datos han sido herramientas clave para orientar la gestión de la crisis y promover la continuidad de la educación, el trabajo y el gobierno. Pero, al mismo tiempo, la pandemia ha dejado claro que el impacto de la crisis se ha mitigado mejor en países con mayores niveles de digitalización.

Por ejemplo, el COVID-19 encontró a Uruguay con un sistema completamente operativo de educación pública digital. El Plan Nacional de Educación Digital (Plan Ceibal) iniciado en 2007, hizo que ese país proporcionara a todos los estudiantes y docentes del sistema de educación pública (primaria y secundaria inferior) acceso a Internet, un ordenador y los recursos pedagógicos necesarios para lograr, desde el inicio de la pandemia, una transición exitosa e inmediata a un modelo de servicios educativos ‘en línea’.

En la mayor parte de la región, sin embargo, muchos niños se han desconectado del sistema educativo debido al impacto del COVID-19, lo que significa un claro retroceso en su formación. Si Uruguay pudo responder con agilidad fue porque, como se ha señalado más arriba, ese país viene invirtiendo en la digitalización de la educación desde 2007. Eso lo convierte en una excepción en la región.

El mismo problema que en la educación se observa en términos de empleo. Si bien es cierto que la tasa de descarga de aplicaciones de teletrabajo en ALC aumentó en un 3.340% en los primeros meses de 2020 – lo que revela el decisivo impacto del COVID-19 en la transformación digital – no lo es menos que la mayoría de los trabajadores en América Latina y el Caribe no pueden trabajar a distancia. Eso implica que, por lo general, la población de bajos ingresos ha tenido que optar entre dejar de trabajar o continuar sus actividades laborales, pero en persona, con lo que se incrementa el riesgo de contraer el virus.

Igualmente, muchas de las empresas más pequeñas no estaban equipadas para operar ‘en línea’. Así pues, la pandemia ha sido un acelerador de la digitalización, pero, asimismo, ha puesto de relieve, y en ocasiones incluso exacerbado, los problemas estructurales de la región (desempleo, pobreza, desigualdad, corrupción…) en el contexto de un espacio fiscal limitado.

Aunque la región ha avanzado mucho en esta área, sigue rezagada. En 2020, un tercio de los hogares de la región carecía de acceso a Internet, y el porcentaje se elevaba al 63% en las zonas rurales. Además, los que estaban conectados sufrían problemas importantes de calidad y precios. Igualmente, hay escasez de dispositivos preparados para conectarse a Internet. Por ejemplo, la penetración de teléfonos inteligentes es del 69% y los ordenadores del 66%.

En los hogares más vulnerables, a menudo se accede a Internet a través de un único teléfono celular, que a menudo es compartido entre los miembros del hogar para llevar a cabo múltiples actividades ‘en línea’, como tareas escolares, trabajo, compras, etc. La mitad de la población regional no tiene acceso a una cuenta bancaria o tarjeta de débito, y solo un país tiene la historia clínica digital de sus ciudadanos completamente implementada. No es solo un problema de falta de conectividad sino, también, de seguridad: el 50% de los países de la región no cuenta con una estrategia digital nacional y el 60% de ellos carece de una estrategia de ciberseguridad.

El resultado de estas carencias ha sido especialmente visible desde la llegada del COVID-19 a la región. Incluso durante la pandemia, el 50% de los latinoamericanos han tenido que viajar para acceder a un servicio público en persona, mientras que otro 20% no ha podido conseguir a un servicio público esencial porque la oficina específica estaba cerrada durante el confinamiento y ese servicio no estaba disponible en línea.

Potencial para la región: digitalización

Desarrollar la digitalización, así pues, es crítico para ALC. Pero los gobiernos deben hacerlo siguiendo una estrategia que maximice la eficiencia. Eso es importante, porque, en el desarrollo de la digitalización, hay un conjunto de elementos que, con independencia del sector, son comunes, y que a menudo se pasan por alto: conectividad, talento digital, infraestructura, ciberseguridad, regulación, gobernanza, y herramientas como la identificación y la firma digitales. Replicar estos elementos comunes en todos los sectores digitalizados de la Administración Pública es costoso e ineficiente.

Imaginemos el siguiente escenario: un Ministro de Hacienda, elaborando el presupuesto anual de la nación, asignando recursos, siempre escasos, a distintas prioridades e instituciones estatales, y que debe considerar las necesidades y prioridades presupuestarias de los ministros de Salud, Educación, Obras Públicas, Interior, Industria y Comercio, etcétera. En el mejor de los casos, todo el mundo quiere digitalizar y modernizar su gestión, pero, desafortunadamente, todos tienen diferentes ideas sobre cómo lograrlo. La falta de una visión integral de la digitalización y de una buena gobernanza es la receta para el peor tipo de digitalización: una que reproduzca la burocracia del papel a un precio mucho más alto.

La “Visión 2025, Reinvertir en las Américas” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se basa en el entendimiento de que aprovechar al máximo el inmenso potencial de la transformación digital requiere un pensamiento estratégico, una visión integral y de largo plazo de lo que se debe lograr, y la capacidad de prever y superar barreras importantes relacionadas con una conectividad deficiente, una gobernanza débil, una falta de talento e infraestructura digitales, y una regulación obsoleta.

Las tecnologías digitales pueden ser de gran ayuda para la región, pero los seres humanos también debemos hacer nuestra parte.

Fuente: https://bit.ly/3m7xQVD

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